Definen plan de gestión para detener el daño del castor en la región de Magallanes

30/03/2022

“Para contener el avance del castor es urgente adoptar medidas acordes a la complejidad de la tarea reconociendo cada territorio con sus particularidades. Para eso es necesario implementar estrategias que se hagan cargo del desafío de erradicar esta especie con una mirada sostenible en el tiempo” así lo manifestó la recién asumida seremi del Medio Ambiente, Daniela Droguett, al referirse a uno de los temas que será prioritario durante su gestión.

Esto, en relación a las definiciones que se están realizando en el documento denominado Plan de Gestión para el control y la erradicación del castor, que será presentado al Gobierno Regional de Magallanes para dar continuidad a las actividades que se iniciaron con el proyecto GEF Castor, el que finaliza este año. “Como nueva administración, nos interesa posicionar esta problemática y trabajar estrechamente con los equipos del GORE que coliderarán la implementación de este plan” resaltó Droguett.

Las acciones definidas en este plan se orientan a la conservación de la rica biodiversidad de los ecosistemas australes, amenazados por esta especie. También se da prioridad a la urgencia de restaurar y rehabilitar los paisajes que han sido impactados por la acción de este roedor, originario de América del Norte y cuya presencia en la zona austral ha provocado daños por 73 millones de dólares

Antecedentes

Los expertos del proyecto GEF Castor hacen un balance positivo de estos últimos años en los cuales los esfuerzos y acciones por parte del Estado por controlar a esta especie se han centrado en resolver las brechas que han impedido alcanzar los resultados esperados con los enfoques de gestión anteriores. La propagación del castor por el archipiélago de Tierra del Fuego, y posteriormente por el sector continental de la región de Magallanes, se vio favorecida por diversos factores, como la extraordinaria adaptabilidad de la especie y la falta de depredadores naturales. Pero también, cabe destacar la tardanza en la toma de conciencia respecto al daño ambiental y la urgencia de iniciar acciones de control, ya que desde la introducción de la especie en el lago Fagnano en 1946, pasaron cincuenta años antes de las primeras iniciativas de control de la especie.

Fue así como un primer esfuerzo se orientó en conocer la dimensión del problema, llegando el SAG a estimar que la población del castor era de entre 62 mil a 106 mil ejemplares, a través de un estudio realizado en 1997. “Ante esta realidad, se inició un programa de incentivo comercial a la caza del castor, con fondos regionales cuyo fin era pagar por ejemplar capturado”, explica Felipe Guerra, biólogo y coordinador nacional del proyecto GEF Castor.

Pero la experiencia y los estudios generados a través del proyecto han demostrado que este enfoque resultaba ser poco efectivo. En primer lugar, se constató la inexistencia de un mercado interesante para la carne y la piel de castor, Por lo tanto, la caza de este animal solo resulta ser sostenible en base a subsidios. Además, “la tasa de reproducción del castor y su capacidad de recolonizar ambientes y de expandirse territorialmente demuestran que es indispensable abordar el problema de una manera integral y con una mirada y financiamiento a largo plazo”, Guerra.

Ante la magnitud del desafío, en 2008 Chile y Argentina decidieron solicitar financiamiento internacional al Banco Mundial del Medio Ambiente (Global Environment Facility, GEF), con el fin de desarrollar la estrategia para lograr la erradicación de la especie a ambos lados de la frontera la Patagonia.

En Chile, el proyecto GEF Castor cuya inversión fue de 2 millones de dólares, está por concluir y gracias a su trabajo, se entregará a la Región de Magallanes una batería de herramientas que permiten superar las brechas técnicas, de gobernanza, de gestión y de financiamiento para enfrentar de forma adecuada el daño causado por esta especie.

Plan de Gestión

“Lo que se va a proponer es un paquete de estrategias para ser ejecutadas en la matriz silvoagropecuaria de Tierra del Fuego, centrado en la recuperación de ambientes impactados por castor.”, explica Daniela Droguett. Es decir, no se trata tan solo de remover la amenaza (el castor), sino también de realizar las acciones tendientes a recuperar los daños causados en las cuencas, contener la recolonización y, especialmente, evitar la expansión a áreas no invadidas actualmente por esta especie.

Este paquete estratégico se basa en una estructura de gobernanza y coordinación entre diversos actores tanto públicos, privados, de la academia y de la ciudadanía, así como también, en diferentes escalas territoriales. Tendrá un horizonte a quince años y reconocerá que la gestión del castor debe contemplar que los territorios en los cuales está presente este roedor tienen diversos tipos de uso y propiedad de la tierra (predios ganaderos, parques nacionales y reservas privadas) lo que incide directamente en el tipo de estrategia para la gestión que se realice.

Una brecha que ha sido un obstáculo para alcanzar mayores resultados en el pasado ha sido la carencia de información precisa de la distribución de la especie en el territorio y de su avance y expansión. Gracias al proyecto GEF Castor, las autoridades podrán contar con información de calidad gracias a una potente plataforma tecnológica. “El Sistema de Información y Alerta Temprana (SIAT) permitirá monitorear el impacto del castor, establecer posibles rutas migratorias para tomar acciones preventivas, y medir el resultado de las acciones de control que se realicen”, resaltó Felipe Guerra.

El Proyecto “Fortalecimiento y desarrollo de instrumentos para el manejo, prevención y control del castor (Castor canadensis), una especie exótica invasora en la Patagonia chilena”, conocido como GEF Castor, es ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente y financiado por el Global Environment Facility (GEF), a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Socios estratégicos, y co-ejecutores de este proyecto son el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la ONG Wildlife Conservation Society (WCS).